No a la guerra

Dinamitar las Naciones Unidas

RAFAEL GRASA El presidente Bush ha dicho que se acerca el momento de comprobar si se puede confiar o no en el Consejo de Seguridad, lo que dependerá de si acepta sus propuestas y abandona lo que considera tibieza e ineficacia. La ministra de Exteriores española dijo recientemente que el 11 de septiembre y el terrorismo internacional lo habían cambiado todo, que vivíamos en un mundo sin reglas y que debían crearse unas nuevas. En suma, sostienen, el sistema de seguridad colectiva ya no existe o dejará de hacerlo sin su aquiescencia con la interpretación estadounidense del mismo.

Tales manifestaciones no se ajustan a la realidad: el terrorismo no ha dinamitado el sistema de seguridad colectiva, siguen existiendo principios, obligaciones y normas internacionales a cumplir; no se precisa una nueva legalidad, aunque resultaría conveniente mejorar el sistema. Por el contrario, lo que puede dinamitar realmente el sistema y dejarnos en un mundo sin reglas, y con unas Naciones Unidas inanes, es la actitud de Estados Unidos y sus aliados de forzar al Consejo de Seguridad a retorcer la interpretación de la legalidad internacional o bien de actuar al margen del mismo, unilateralmente.

La legalidad internacional vigente puede resumirse así. Primero, se prohíbe el uso y amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales, y por tanto la agresión, y se apuesta por el arreglo pacífico de controversias. El uso de la fuerza, con la salvedad de la legítima defensa, deja de ser una opción discrecional de los estados.

Segundo, se establecen mecanismos de coerción colectiva, incluyendo la acción armada, pero sin unilateralismo: se confían a la discrecionalidad del Consejo de Seguridad.

Tercero, se establece la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza en legítima defensa tras una agresión, pero se establece que debe comunicarse al Consejo de Seguridad, hacerse transitoriamente (hasta que el consejo responda por el conjunto del sistema) y tras un ataque efectivo (no anticipatorio) y con un uso de la fuerza proporcional al recibido.

Y cuarto, buena parte de lo previsto para el uso coercitivo de la fuerza, (artículos 43 a 47 de la Carta de Naciones Unidas) nunca se ha utilizado aún: no se han firmado los convenios que permitirían poner a contingentes de fuerzas armadas de los países miembros a disposición del consejo, crear el Estado Mayor conjunto, etcétera. De hecho, todas las intervenciones con uso de la fuerza que han apelado a las amenazas a la paz y a la seguridad internacional se han basado en el artículo 42, es decir, en resoluciones que autorizaban a los estados miembros o a organizaciones regionales a intervenir.

En suma, monopolio del uso de la violencia, con la excepción temporal y limitada de la legítima defensa, en manos del Consejo de Seguridad.

Por tanto, los hechos desmienten contundentemente a la ministra y al presidente: no sabemos si el sistema podría funcionar bien o mal, ni siquiera si en el caso de Irak se aplica con tibieza, habida cuenta que nunca se ha implementado en su totalidad y, además, se han socavado sus fundamentos con decisiones y actuaciones de estados y organizaciones regionales.

Por ejemplo, ya antes de que Estados Unidos adoptara una estrategia de seguridad nacional basada en el unilateralismo y el uso anticipatorio (previo a la agresión) de la fuerza, los estados miembros de la OTAN, una organización fundamentada jurídicamente en la legítima defensa colectiva, "otorgaron" en 1999 a la organización discutibles competencias de gestión de crisis y de intervención frente a amenazas en un ambiguo "mundo euroatlántico".

Así pues, lo que nos estamos jugando en las próximas semanas es la existencia o no de la legalidad internacional, por insuficiente e imperfecta que sea, y la legitimidad y aun viabilidad del sistema de seguridad colectiva. EEUU, y en buena medida sus aliados, está apelando a su condición hegemónica, o a sus especiales circunstancias, para no respetarla íntegramente. Y sin aceptación total de la legalidad internacional, la totalidad del sistema se debilita.

En suma, que el árbol no nos haga perder el bosque: para intervenir con la fuerza no basta con una segunda resolución y ésta, sin embargo, puede socavar la legalidad internacional hasta el punto de retrotraernos a los tiempos en que el uso de la fuerza en las relaciones internacionales dependía de la voluntad y discrecionalidad de los estados, algo que, merced al terrorismo y a las armas de destrucción masiva, se vislumbra como un escenario aún peor que la realidad actual.

Presidente, ministra, el derecho internacional, la ley, es imperfecta e insuficiente, pero es la ley. ¿Y si pusieran en marcha lo que prevé el artículo 43 y siguientes de la Carta?